Por
Maura Nasly Mosquera Mosquera (Colombia).
Desde la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Quito del 6 al 9 de agosto de 2007 se creó el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, poner a disposición pública información oficial de los gobiernos de la región a través de un conjunto de indicadores estratégicos de género y herramientas analíticas para formular políticas y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos a fin de facilitar el seguimiento de los acuerdos internacionales de los derechos de las mujeres; con el argumento que las mujeres en la región son víctimas de desigualdades y prácticas discriminatorias relacionadas con la redistribución social y económica así como con el reconocimiento político y simbólico, lo cual afecta su autonomía, ya sea económica, física o en la toma de decisiones, y en la interrelación entre esas autonomías.
En
el año 2010, con ocasión de la siguiente conferencia regional fue la
oportunidad en la que Ana Irma Rivera Lassen en el Documento Conceptual Mujeres
afrodescendientes: la mirada trabada en las intersecciones de organización por
raza y género advirtió y recomendó que el Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina y el Caribe, iniciativa de la División de Asuntos de Género de
la Cepal, integrara más y de manera transversal la perspectiva étnico-racial en
sus trabajos para que en el futuro se tuvieran informes que den cuenta más
detallada sobre las autonomías de las mujeres afrodescendientes en América
Latina y el Caribe.
Afirmó
en el 2018 la Cepal (1) que las transformaciones por las que pasaba la economía
mundial tenían fuertes repercusiones sobre los regímenes de bienestar, que
estos enfrentan riesgos de precarización y desprotección asociados a las nuevas
formas de trabajo y a los efectos de tendencias demográficas como el
envejecimiento y la intensificación de las migraciones.
Para
el Banco Mundial (2) es un hecho que las condiciones económicas en América
Latina y el Caribe para el 2020 han empeorado drásticamente a medida que toda
la región se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19 (coronavirus). Los
recientes brotes en la región se han propagado con rapidez, y el impacto
económico provocado por el cierre de los negocios y las restricciones para
circular a nivel nacional ha sido abrupto y grave. También que la informalidad
generalizada limitará el alcance de los esfuerzos de asistencia social
destinados a morigerar el impacto económico de la pandemia. Finalmente que los
recientes avances de la región en cuanto al alivio de la pobreza y de la
desigualdad podrían estar en riesgo.
La
pandemia de la COVID-19 según ONU-MUJERES brinda una oportunidad para tomar
medidas radicales y positivas que compensen las desigualdades tradicionales
presentes en numerosas áreas de las vidas de las mujeres y para construir un
mundo más justo y resiliente y desarrolló una respuesta rápida y específica
para mitigar el impacto de la crisis sobre las mujeres y las niñas, así como
para garantizar que la recuperación a largo plazo las beneficie, y para ello se
ha centrado en cinco prioridades: (i) Mitigar y reducir la violencia de género,
incluida la violencia doméstica; (ii) Promover que la protección social y los
paquetes de estímulo económico sirvan a las mujeres y las niñas; (iii) Fomentar
que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de
cuidados; (iv) Promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación
y la toma de decisiones de la respuesta a la COVID-19 y (v) Garantizar que los
datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género.
En
términos generales, el Fondo de Población de Naciones Unidas Unfpa (3) destaca
que pese a la diversidad de características de cada país, se logra visibilizar
la gravedad de las desigualdades sociales que afectan a la población
afrodescendiente y que los datos estadísticos demuestran que existen
diferencias importantes en cuanto a la distribución de los ingresos para
diversos grupos étnicos de la región y que actualmente, existe una ausencia de
datos desagregados por etnia, raza y género en los registros epidemiológicos en
América Latina y el Caribe que imposibilita conocer las infecciones por COVID-19
en la población afrodescendiente.
En
Colombia, la población que se autorreconoció como negra, afrocolombiana, raizal
y palenquera en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 es 2.982.224,
resultado que fue rechazado en forma unánime por el movimiento social
afrocolombiano y ante esta presión el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas DANE determinó, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida
-ECV2018 (que tiene cobertura departamental y cuenta con cerca de 287 mil
personas encuestadas), que el volumen de la población negra, afrocolombiana,
raizal y palenquera en 2018 es de 4.671.160 personas, que corresponde al 9.34%
de la población total nacional.
Igualmente,
ante la solicitud de movimiento social afrocolombiano el Instituto Nacional de
Salud INS publica el Boletín Covid – 19 en población afrocolombiana en
Colombia, con una periodicidad semanal, diferente a la diaria del reporte
nacional, sin que incluya la perspectiva de género.
Al
revisar el Informe al Congreso de la República Trazador Presupuestal para la
Equidad de la Mujer Ejecución 2019 Programación 2020 elaborado por la
Vicepresidencia de la República – Consejería de la Equidad de la Mujer
(mecanismo nacional de adelanto de las mujeres), no se referencian datos
desagregados con enfoque étnico – racial y en el Informe Trazador Presupuestal
2019 -2020 Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales
elaborado por el Ministerio del Trabajo – Oficina Asesora de Planeación no se
referencia datos desagregados con enfoque de género.
En
el ámbito local, las mujeres de Santiago de Cali, Colombia –donde resido están
inmersas en el desafío de la formulación de una nueva Política Pública para las
mujeres: Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades
2020-2030 y el diagnóstico reconoce que han permanecido brechas de género
durante los diez años anteriores de implementación de la primera política de
mujeres; se han agudizado situaciones y se han recrudecido las violencias.
Además, enfrentamos el desafío del tránsito de municipio a Distrito Especial de
Cali, con sus múltiples retos, riesgos y oportunidades, asimismo lo de la
crisis del Covid-19, sus efectos a corto, mediano y largo plazo en la ciudad.
De
igual forma, la población afrocolombiana cuenta con la Política Pública
CaliAfro 2019 – 2029 que incluye un componente temático denominado Género y
Generación y en su Plan Indicativo determina acciones específicas dirigidas a
las mujeres para responder a las líneas estratégicas (i) Vulnerabilidad
sociodemográfica y condiciones de vida; (ii) Menor acceso y permanencia en el
sistema educativo; (iii) Menor acceso al sistema de salud y pensiones y (iv)
Precariedad en el empleo y discriminación; tiene como desafío actualizar la
caracterización de la población y desarrollar el enfoque de transversalización
étnico – racial afro en una coyuntura caracterizada por un crecimiento
económico frágil y que el Programa CaliAfro sea un real articulador
transectorial de los organismos de la Administración Central de la Alcaldía para
que asuman este enfoque en su acción diaria, a través de procesos de consenso,
que por definición son de mediano plazo y requieren formular e implementar
procesos.
Las
mujeres afrocolombianas de Santiago de Cali se enfrentan a la problemática de
la falta de datos actualizados en el marco de la formulación de la nueva
Política de Mujeres que determinen cuántas son del 53% de las mujeres que
conforman la población (2.497.562) de Santiago de Cali. Se destaca igualmente
que aún se encuentran sobrerrepresentadas y siguen existiendo las brechas
étnico raciales en el trabajo doméstico entre la población negra y la población
mulata, blanca y mestiza, según datos del diagnóstico de la Política Pública
CaliAfro sobre la situación sociodemográfica de la población afrocolombiana en
Cali elaborado a partir del Censo de 2005 y la Encuesta de Empleo y Calidad de
Vida de Cali EECV-Cali 2012-2013 realizada por el Ministerio del Trabajo para
la Alcaldía de Cali llegan a ser de 102.90%, 407.10% y 195.80%,
respectivamente.
El
desafío es incluir en la formulación de la nueva política de las mujeres de
Santiago de Cali y en la implementación y ajuste del Plan Indicativo de la
Política Pública CaliAfro en forma inmediata, las cinco prioridades
identificadas por ONU Mujeres ya mencionadas. La creación y promoción de
empleos decentes en el sector de servicios del cuidado puede tener un impacto
significativo y pagaría una deuda con las mujeres afro trabajadoras domésticas
de Cali, cuya contribución ha sido, y sigue siéndolo, esencial para superar la
pandemia y que esta crisis ha evidenciado cuán difícil y subvalorado es con
frecuencia su trabajo.
BIOGRAFÍA
Maura Nasly Mosquera M. Abogada de la Universidad Libre Seccional Cali,
especialista en Gestión de proyectos y Cooperación Internacional de la
Universidad Externado de Colombia, actualmente integrante del equipo del
Programa CaliAfro de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali,
Colombia. Participó en el proceso preparatorio de la III Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas
Conexas de Intolerancia en la relatoría del Caucus de los Afrodescendientes.
Activista de los movimientos sociales afrodescendiente y de mujeres. Con amplia
experiencia en la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y
monitoreo de planes, programas, proyectos y estrategias relacionadas con
políticas públicas de los grupos poblacionales (étnicos y sociales - ciclo
vital)
1 Cepal, La ineficiencia de la desigualdad. LC/SES.37/3-P. 2018. © Naciones Unidas
2
Banco Mundial, Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe –
Junio 2020. Resumen.
3 Unfpa. Resumen técnico - Implicaciones del COVID-19 en la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe. 28 de abril 2020.
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